Cervantes Andrade destacó que la Cámara de Senadores está abierta, sensible a temas como la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en la que se llevaron a cabo audiencias públicas para su discusión. Anunció que enviará a los senadores el documento que presentaron las organizaciones civiles, y la grabación que realizó el Canal del Congreso sobre esta reunión.

Celebró la realización de esta reunión en donde destacó el respeto mutuo de las organizaciones de la sociedad civil y el de los senadores. “Eso es una democracia constitucional. El intercambio del diálogo y de ideas, con la vehemencia que se quiera pero siempre con respeto”, expresó.

En este encuentro, participaron los senadores del PRD, Dolores Padierna Luna, Manuel Camacho Solís, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto y Alejandra Barrales Magdaleno; del PAN, Javier Corral Jurado, y del PT, Layda Sansores San Román, quienes expresaron el interés del Senado por escuchar las distintas voces e iniciativas interesadas en mejorar la legislación en materia de telecomunicaciones.

Corral Jurado lamentó que de los 30 legisladores que dictaminarán las leyes secundarias a este encuentro sólo hayan acudido tres, expresó su coincidencia con el documento presentado por las organizaciones civiles y pidió al senador Cervantes Andrade difundir las propuestas recibidas, la versión estenográfica y solicitar la transmisión de esta reunión por el Canal del Congreso.

La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, consideró inadmisible una “contrarreforma” en esta materia pues, dijo, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones costó décadas de lucha, trabajo y pensamientos. Hizo énfasis en la necesidad de rescatar todas las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y puntualizó que las audiencias tienen derechos plenos que deben estar garantizados por las leyes secundarias.

Su compañero de bancada, senador Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que se requiere reencausar el debate para garantizar los derechos que ya se consagraron en la Carta Magna: democratización de los medios de comunicación, competencia efectiva en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como fortalecer y dotar de verdadera autonomía al IFT.

La senadora del PRD, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Alejandra Barrales Magdaleno, expresó su preocupación por el intento de “hacer una reforma penal al amparo de la reforma en telecomunicaciones”.

A nombre de la organización “El grito más fuerte”, el actor Daniel Giménez Cacho dijo que la alternancia política nos dio la ilusión de que al terminar el monopolio del poder México entraría a una democracia. Esto no sucedió y México no ha podido ser moderno ni equitativo porque los monopolios económicos y los poderes fácticos que lo siguen controlando bloquean el desarrollo y la democracia.

Lo que hemos visto es que el monopolio mediático y el monopolio de las telecomunicaciones se han fortalecido y aquí en esta Cámara se legisla principalmente para ellos, advirtió.

Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), afirmó que el comentario del Secretario de Comunicaciones y Transportes, en el sentido de que ya se tiene un acuerdo en el 99 por ciento de la leyes secundarias, “nos da cuenta de cómo, desde el Poder Ejecutivo, ya se adelanta y se ve que las leyes secundarias se están negociando”.

Los integrantes de diversas agrupaciones civiles, aglutinados en el Frente por la Comunicación Democrática, pidieron considerar, en la legislación secundaria de la reforma de telecomunicaciones, dichas propuestas presentadas por la Amedi, así como por las organizaciones “El grito más fuerte”, Avaaz y Change.

Entre los planteamientos presentadas al presidente de la Mesa Directiva, piden que se garantice de manera plena los derechos de las audiencias, el derecho de réplica, la transmisión de contenidos no discriminatorios de ningún tipo, el acceso a contenidos plurales, así como eliminar “la mera autorregulación de los medios como lo propone el proyecto gubernamental”.

Demandaron el absoluto respeto a la Constitución para que la vigilancia y sanción en materia de contenidos sea exclusivamente una facultad del IFT y consideraron inadmisible devolver esta atribución a la Secretaría de Gobernación

Consideraron necesario suprimir artículos que confieren a concesionarios de televisión comercial, la posibilidad de aumentar el tiempo de comercialización de 18 por ciento hasta un 38 por ciento o más del tiempo total de la programación, y que se reconozca la cláusula de conciencia de los periodistas frente a sus empresas periodísticas.

Propusieron una reserva de espectro determinado de 30 por ciento para las concesiones de uso social, comunitarias e indígenas y elevar el monto de las sanciones a las concesionarias con fines de lucro y definir el tamaño de la concentración de mercado que un agente económico por servicios y no por sectores.

Sobre el capítulo relativo a la colaboración con la justicia, consideraron indispensable asegurar la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones, así como la protección de datos personales, como normas superiores que tienen prevalencia versus otros principios que el gobierno prioriza.

Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos deberán dictaminar dicha legislación. Redacción