En el marco de la consulta pública del documento elaborado por Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Cofemer señala que se requiere la aportación de mayores elementos que contribuyan a determinar si el valor presente neto social de esa regulación efectivamente es positivo en términos económicos.

Subraya que coincide con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en que el objetivo de esta regulación es establecer un instrumento que permita reducir los costos económicos de las negociaciones que se presentan en materia de interconexión.

“Sin embargo, este mismo supuesto en la relación de causalidad y efectos del problema hace suponer que deberán incurrirse en costos económicos significativos, más allá de la carga administrativa que implica la negociación del convenio marco”.

La Cofemer identificó que en el análisis de costos y beneficios se deben incorporar elementos como los costos de transacción que incluyen los relativos a la materia legal, de consultoría o de tiempo para cumplir con los requerimientos administrativos de la regulación.

Asimismo, los costos de instalar la capacidad necesaria en cada punto de interconexión, los relacionados con la operación y mantenimiento para tener 10 puntos de interconexión IP que daría acceso a la red a nivel nacional.

El costo asociado a la pérdida de bienestar social de los usuarios por la desinversión en infraestructura que provocaría la pérdida de penetración y cobertura, es otro elemento que la Cofemer recomienda detallar.

Además de los costos de tener infraestructura ociosa en puertos y enlaces de interconexión y los que tienen que ver con operar un sistema de información para atender solicitudes de nuevas interconexiones, ampliaciones de interconexión, información de fallas y seguimiento en tiempo real.

En tanto, Teléfonos de México (Telmex) solicitó a la Cofemer que pida a la Comisión Federal de Competencia (CFC) su opinión sobre las deficiencias de la argumentación de la Cofetel sobre los efectos de la regulación en materia de competencia y libre concurrencia en los mercados.

Sugirió también que la Secretaría de Economía otorgue su punto de vista sobre las “supuestas mejoras” que obtendrá el consumidor en términos de la información disponible sobre la calidad y seguridad de bienes y servicios y de la equidad de las relaciones de consumo, así como su duración.

Asimismo, pide que se proporcione información respecto de cómo se puede subsanar la no presentación por parte de la Cofetel de una valoración cuantitativa de la forma en que se verán impactadas las empresas.

Para la telefónica, la Cofemer debería consultar al Congreso de la Unión sobre la derogación del artículo 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece tiempos para que las partes puedan resolver sus desavenencias, tema en el cual la Cofetel invade la esfera de competencias y atribuciones del órgano legislativo. Notimex