Esa es una iniciativa del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, para desahogar una amplia consulta con expertos, académicos y representantes de organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social.

La secretaria de la Mesa Directiva en esa soberanía expuso que es necesario analizar a fondo ese instrumento internacional, que a su parecer está afectado de origen debido a que desde las instancias del Ejecutivo federal “se condujeron las negociaciones con sigilo y opacidad”.

En un comunicado recordó que el Senado de la República no fue notificado formalmente respecto al inicio de esas negociaciones ni tampoco sobre el avance y el estado de las negociaciones.

“Menos aún en relación con los alcances y compromisos que implica dicha negociación ni las normas legales y administrativas que tendrán que modificarse de acuerdo con dicho tratado”, agregó.

Vianey Mendoza aseguró que la ratificación de ACTA significaría para México la obligación de modificar y ajustar la legislación nacional conforme a sus términos.

“En consecuencia, ese Acuerdo Comercial Anti-falsificaciones implicaría para el Estado Mexicano establecer en nuestra legislación severas medidas restrictivas a la libertad y el uso de Internet”, sostuvo.

También “significa profundizar la brecha digital, perseguir la actividad que los usuarios lleven a cabo a través de la internet sin orden previa de autoridad judicial, lo que producirá una violación flagrante al Artículo 6 de nuestra Constitución”.

La legisladora advirtió que es patente el peligro de que los acuerdos de ACTA se utilicen como pretexto para la censura de contenidos en internet, por ejemplo el cierre directo de bitácoras o blogs con el argumento de que no respetan alguna imagen o al texto.

“En ese contexto, los riesgos que conlleva esa Convención Internacional para los derechos fundamentales de los mexicanos exigen de más publicidad y transparencia”, indicó.

Finalmente Mendoza Mendoza informó que ese punto de acuerdo se turnó para su estudio a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Notimex