El amparo que revisará la Corte podría ordenar una nueva revisión por parte de la autoridad para el efecto de que se valorara el interés público y las posibilidades del concesionario", afirmó en entrevista.

Dijo que un argumento a favor de la empresa MVS Comunicaciones es la falta de respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante la petición reiterada de refrendo de concesiones y dentro del plazo legal.

"El tema fundamental que se tiene que valorar es el del interés público (.) los ministros tendrán que razonar el entorno y contexto jurídico que son del interés publico y no los intereses de las televisoras".

Enfatizó que la tendencia en las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de telecomunicaciones, ha sido la de anteponer el interés público y no el de las empresas.

Este miércoles, el máximo tribunal decidió posponer dos semanas la discusión de los proyectos de resolución de cuatro amparos en los que el ministro Luis María Aguilar Morales propone darle la razón a MVS en contra de la negativa de la SCT de renovar las concesiones vencidas.

En 2008, el gobierno federal inició un proceso de reordenamiento de la banda 2.5 Ghz con la actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias publicada en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de agregar el "servicio móvil" dentro de aquellos que se pueden prestar en esta parte del espectro.

Hasta el año pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) había notificado a MVS la negativa de prórroga de 20 títulos de concesión cuya vigencia había llegado a su fin.

El 8 de agosto pasado, la secretaría anunció la decisión de negar la prórroga de las concesiones vencidas en la banda 2.5 Ghz e iniciar el procedimiento de rescate de las mismas que están en manos de la empresa MVS Comunicaciones y de 10 concesionarios más, bajo el argumento de que están subutilizadas.

Al respecto, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, dijo en diciembre pasado que el procedimiento de rescate podría ser suspendido, siempre y cuando se logren condiciones equitativas para el Estado mexicano y que éstas sean aceptadas por los concesionarios. Notimex