Para Nextel, hay aspectos que necesariamente deben precisarse en las leyes secundarias desde la perspectiva de la competencia y la certidumbre jurídica; a continuación exponemos algunos:

1. Derecho a la prórroga de las concesiones. Mantener el derecho de los concesionarios a la prórroga de sus concesiones y permisos, ayudará a dar certidumbre jurídica a los inversionistas y propiciar que las inversiones necesarias se mantengan hasta el final de la vigencia de una concesión. Deberán establecerse plazos y mecanismos específicos.

2. Que el IFETEL establezca las condiciones y términos de  las contraprestaciones a pagar al gobierno federal por la prestación de los servicios de telecomunicaciones. La Reforma Constitucional lo faculta para determinar las contraprestaciones para el otorgamiento de concesiones y autorización de servicios adicionales, resultaría óptimo que también determinará contraprestaciones que sustituyan los derechos por uso de espectro y aprovechamientos vigentes. Con ello habría un esquema integral en el que la determinación de cánones no respondería a fines exclusivamente recaudatorios.

3. Terminación y revocación de concesiones y permisos. Ya que la Reforma Constitucional elimina la posibilidad de que los jueces otorguen suspensión en los procedimientos que se siguen en materia de telecomunicaciones, resulta crítico que las causales de revocación de una concesión sean claras y suficientemente graves.  De lo contrario debe proceder la revocación únicamente por causas reiteradas y previa imposición de sanción pecuniaria.

4. Facilidades para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. La instalación de infraestructura se ha convertido en un verdadero problema a nivel local, desde el nivel federal, deben establecerse requisitos homologados que faciliten y simplifiquen la instalación de infraestructura a nivel estatal y municipal.

5. Red pública compartida. A efecto de garantizar equidad entre el operador mayorista de la red pública compartida y los concesionarios, resultará necesario un esquema en el que dicho agente sea declarado dominante, que el precio de los servicios que ofrezca esté orientado a costos y que tenga las mismas cargas tributarias que el resto de los operadores por el uso del espectro. El objetivo es garantizar que no se dé una competencia desleal.

Lo anterior, permitirá sentar las bases para mejorar condiciones de competencia, impulsar las telecomunicaciones y mitigar la litigiosidad.

“Consideramos que debe profundizarse el espíritu de competencia que amina a la Reforma Constitucional, sería preocupante que el nuevo marco regulatorio, diera pasos en sentido contrario a la consolidación de mejores condiciones de competencia que todos esperamos”, destacó Ruiz de Velasco. Redacción C21