El punto central es cómo asegurar que Apple no viole la ley antimonopolio, tras un fallo de julio de la jueza de distrito Denise Cote de que la compañía había conspirado con cinco grandes editoriales para subir los precios de los libros digitales y dañar a rivales incluyendo a Amazon.com Inc, que domina el mercado de estos artículos.

Apple dijo que el Gobierno está abarcando demasiado al insistir en que la compañía contrate un supervisor externo, deje a los minoristas de libros electrónicos agregar hipervínculos a sus propios sitios de Internet en sus aplicaciones de e-book sin costo y enfrente límites sobre cómo negocia por otros contenidos incluyendo películas, música y programas de televisión.

La jueza Cote debe aprobar cualquier mandato.

En una presentación judicial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 33 estados y territorios recomendaron reducir la extensión de la medida de 10 a cinco años, con posibilidad de apelar hasta cinco extensiones de un año de ser necesario.

Por sugerencia de Cote, también recomendaron una renegociación escalonada de los contratos de Apple con las editoriales comenzando en dos años, con la esperanza de minimizar las posibilidades de una futura colusión, y eliminar una sección del texto previamente propuesta que, según dijeron, Apple aseguró dañaría su habilidad de operar su popular tienda Apple Store.

Pero, en rechazo a otros cambios que la compañía buscaba, y expresando el deseo de no "dañar innecesariamente a Apple", los estados dijeron que el continuo rechazo de la compañía en admitir que hizo algo mal justifica un castigo severo.

"Es sencillo, Apple quiere continuar sus negocios como siempre, pese a las leyes antimonopolio", dijo el documento.

"Esta corte no debería tener confianza en que Apple por sí misma efectivamente puede garantizar que su conducta ilegal no se repetirá. Debe haber una vigilancia significativa de alguien no arraigado a la cultura de insensibilidad de Apple a los principios básicos de la ley antimonopolio", agregó.

En otro documento, Apple dijo que la propuesta de contratar un supervisor externo "excede los límites incluso de los casos criminales de fijación de precios" y refleja un esfuerzo "por usar este mandato civil para infligir castigo, lo que es inadmisible". Reuters