Aprobada el 24 de abril pasado por la presidenta Dilma Rousseff, la norma supone una especie de Constitución sobre el uso de internet que regula la relación entre empresas prestadoras de servicios, el Estado y los usuarios.

La nueva ley establece que la empresas prestadoras de servicios solo podrán comerciar con los datos de los usuarios con el acuerdo expreso de estos, lo que no se da en muchos otros países en los que Google o Facebook, entre otros, venden los datos con finalidad publicitaria.

Asimismo, y con el objetivo de evitar la censura, se prohíbe a las redes sociales que eliminen contenidos de sus usuarios de forma aleatoria y sin autorización judicial, excepto en los casos en que se muestren contenidos sexuales.

Otro de los cambios sustanciales en el marco regulatorio y cuya capacidad de implementación es puesta en duda por los usuarios, es la neutralidad en la red.

Esto significa que los prestadores de servicios deberán garantizar la calidad y velocidad de las conexiones, independientemente del tipo de página web a las que se conecten los usuarios. Notimex