La reforma a los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación, remitida al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, también establece que la autoridad educativa federal tendrá la atribución de emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo.

Asimismo, fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

Al fundamentar el dictamen, la diputada María Guadalupe Mondragón González (PAN), secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, enfatizó la pertinencia de establecer un marco regulatorio que incentive, mediante reglas claras, el uso y el reconocimiento legal específico de las tecnologías de la información y de la comunicación.  Asimismo, dotar a los sistemas educativos de instrumentos que les permitan convivir con ellas.

Por ello, dijo, es ineludible el establecimiento de dispositivos legales desde los enfoques normativos, y de políticas públicas, para enfrentar los aspectos relacionados con la sociedad de la información y el conocimiento fundamentalmente desde la óptica educativa, considerando la participación activa de los niños, padres y autoridades educativas.

La legisladora comentó que en las reformas también se adicionó un artículo transitorio para establecer el plazo que se otorga a la autoridad educativa federal a emitir los lineamientos correspondientes al uso responsable y seguro de las tecnologías aplicables al sistema educativo.

Refirió que este dictamen tiene como antecedente la reforma constitucional publicada el 11 de junio de 2013 en materia de telecomunicaciones, donde se estipula que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Durante los posicionamientos, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) indicó que es necesario generar estrategias encaminadas a concientizar, desde los tipos y modalidades educativas que permitan el uso adecuado de las tecnologías.

Mencionó que si bien se han establecido prevenciones, incluso sanciones, a quien realice un uso inadecuado de las TIC, éstas no atacan el problema de raíz, por lo que es necesario que desde el sistema educativo dicha utilización siempre se realice de manera responsable y segura. “Tenemos la obligación de transmitir claramente a las niñas, niños y adolescentes, que el Internet no es un espacio sin norma, impune y sin responsabilidades”.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) dijo que la esencia de la reforma es que incorpora entre los fines de la educación impartida por el Estado mexicano, el compromiso de fomentar el desarrollo de capacidades para la comprensión y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación.

Por ello, se pronunció a favor del dictamen, ya que “es trascendente la instrumentación de políticas públicas que incentiven a los niños y a las niñas de este país en el uso de las nuevas tecnologías”.

En su turno, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) comentó que México cuenta actualmente con 42 millones de usuarios de Internet, esto es, el 37 por ciento de la población, que ha tenido un crecimiento de mil 500 por ciento aproximadamente cada año.

Expresó su voto a favor de la reforma “porque entendemos la relevancia que afortunadamente tienen cada vez más estas nuevas opciones de comunicación en la vida nacional”.

Por el PVEM, el diputado Ernesto Núñez Aguilar reconoció que si  bien es indudable que las tecnologías de la información y comunicación poseen un alto potencial para el desarrollo, también implican ciertos riesgos que pueden afectar a sus usuarios, fundamentalmente a los más jóvenes, cuyas prácticas de comunicación se encuentran mayoritariamente medidas por una computadora o bien por algún otro dispositivo electrónico.

En ese sentido, dijo, es fundamental el diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de las niñas, niños y adolescentes del país, sobre todo cuando interactúan estos con las nuevas tecnologías.

Por su parte, el diputado Víctor Reymundo Nájera Medina (PRD) consideró que mientras no se cumpla la reforma educativa en el sentido de definir el modelo educativo pedagógico que más convenga a nuestro país, “todo lo demás serán parches que hagamos a la Ley General de Educación y leyes a fines.

Sin embargo, expresó su voto a favor porque “se ha dado el primer paso: regular, de manera normativa, el uso de las tecnologías de la información y comunicación que obligará, de ahora en adelante, a la autoridad educativa, a ligarla con la curricula, sobre todo de nivel básico”.

Del PAN, la diputada Martha Leticia Sosa Govea señaló que la falta de tipificación de conductas delictivas que se perpetran a través de las nuevas tecnologías de la información, como el Internet y los teléfonos móviles, y la falta de información que tienen las niñas, niños y adolescentes, representan riesgos para su integridad física, lo que ha contribuido a que la pornografía infantil vaya en aumento. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cada mes cien menores de edad en México son víctimas de las redes de la pornografía infantil que opera por Internet.

Por ello, añadió, es indispensable dotar al sistema educativo de instrumentos que les permitan convivir con las tecnologías, el impacto de éstas en las recientes generaciones y a la vez, cuidar a los educandos en el desarrollo y en el conocimiento de las TIC.

El diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) sostuvo que las perspectivas que ofrece el uso de las tecnologías de la información y comunicación, son inimaginables. “La red de Internet, por ejemplo, brinda posibilidades inéditas para interactuar socialmente, para estudiar, para hacer negocios, para hacer trámites”.

Sin embargo, subrayó la necesidad de dar cauce a las políticas públicas dirigidas a fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo.

Durante la discusión, los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Aída Fabiola Valencia Ramírez y Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, se pronunciaron a favor del dictamen. Redacción