La nueva ley alberga una amplia definición de lo que constituye un secreto. Esta semana, las autoridades también difundieron definiciones de lo que constituían secretos comerciales para las corporaciones estatales de China.

Los defensores de derechos han expresado su preocupación sobre las extensas leyes de secretos de China, que en la práctica se utilizan a menudo para sofocar la disidencia o la discusión de cualquier cosa que el Partido Comunista en el poder considera sensible.

"Como todo el mundo sabe, la movilidad dentro de la sociedad se ha incrementando mucho, hay muchas más compañías privadas e intermediarios participando", dijo Du Yongsheng, vicedirector de la Oficina de Secretos de Estado de China, en rueda de prensa.

"Esto ha hecho más difícil el trabajo de las autoridades", añadió.

Además de las cuestiones militares y asuntos exteriores, las siete categorías incluidas en la ley de secretos de China consideran proyectos de desarrollo económico o social, secretos de tecnología y "otros secretos definidos por las autoridades de secretos estatales".

La norma exige que los proveedores de telecomunicaciones e internet cooperen con las autoridades a la hora de denunciar e investigar secretos revelados a través de sus redes. En la práctica en China, la mayoría de los proveedores ya lo hacen.

"Esta ley pretende proteger la seguridad nacional y sus secretos", dijo Zhang Yong, director de política y controles de la Oficina de Secretos de Estado.

"Proteger las comunicaciones de los ciudadanos forma parte de otras leyes", añadió.

La detención el año pasado de cuatro empleados de la firma minera internacional Rio Tinto, en el clímax de una tensa negociación sobre minerales de hierro, atrajo la atención internacional a los riesgos que plantean las leyes de secretos de China a los inversores extranjeros y sus empleados chinos.

Un ciudadano chino acusado de infringir secretos a menudo no puede ver los cargos exactos contra él, ni tampoco sus abogados, según expertos legales, lo que deja un gran margen para los fiscales. Diplomáticos extranjeros han tenido dificultades para acceder a los juicios de sus ciudadanos en casos de secretos.  Reuters