El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) anticipa que las nuevas cuotas que se proponen tendrán un efecto negativo sobre el bienestar de los usuarios en México, pues incrementarán de manera importante los costos de los operadores móviles que se verán obligados a trasladar ese impacto a los usuarios vía mayores precios de la telefonía y el Internet móvil. Ese aspecto por sí solo se traduce en un freno al desarrollo del sector telecomunicaciones y por supuesto, también de México.

Es de llamar la atención que en la exposición de motivos de la iniciativa en comento, la SHCP argumente que las actuales cuotas para el segmento de la banda de 800 MHz destinado originalmente a telefonía celular, pero que ahora es también muy útil para ofrecer banda ancha móvil, “se encuentran por debajo de sus referencias internacionales”.

Según la propia SHCP, la actualización de las cuotas de derechos “permitirá reflejar el verdadero valor de dicho bien de dominio público de la Nación de conformidad con las referencias internacionales”. Al respecto, para el IDET resulta preocupante que un cambio tan importante como el que se está proponiendo se justifique así sin mayor detalle, porque no se presenta la información numérica para poder observar lo que afirma la dependencia, así como tampoco se explica qué método siguió esa autoridad hacendaria para poder hacer comparables los datos de otros países. De hecho, diversos ejercicios recientes muestran que los cobros por el uso del espectro en México son de los más elevados entre los países miembros de la OCDE.

En el caso de la banda señalada, la de 800 MHz, el incremento que resulta de la propuesta de SHCP sobre las cuotas que fueron previstas para el presente año es de 56.5%, lo que, sin duda, impactaría de manera negativa a los operadores que actualmente tienen presencia en la misma e incluso podría provocar ajustes a los planes que ofrecen, en detrimento de los usuarios. Es la primera vez que ocurre un ajuste de esta magnitud en las cuotas de derechos por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico desde que inició este esquema de cobros anuales en enero de 2003.

Por otra parte, en la misma iniciativa se propone la creación de nuevas cuotas de derechos para bandas que hoy no están sujetas a este régimen de pago de derechos, y que de manera concreta son bandas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha señalado que se destinarán en México para el despliegue de un ecosistema 5G.

Como se refiere en el preámbulo de la propuesta contenida en la iniciativa, esas bandas son cruciales para el despliegue de redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G), las cuales serán habilitadoras no sólo de redes con menor latencia y mayores capacidades de carga y descarga de información, sino del Internet de las Cosas (IoT) y de las Ciudades Inteligentes.

El impacto sobre los costos de la provisión del servicio móvil y del incremento en precios derivados de los cambios que propone SHCP sobre las cuotas de derechos por el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, significará sin duda una barrera para el despliegue de las redes 5G. En el mismo sentido, es un hecho que afectarán de manera negativa los planes de todos aquellos que tenían la intención de participar en las próximas licitaciones de espectro que planea llevar a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En el IDET proponemos que en lugar de adoptar un criterio que privilegie el enfoque recaudatorio por encima del enfoque de desarrollo del sector telecomunicaciones y de la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones en México, se considere la posibilidad de sí revisar la estructura y nivel de las cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, pero hacia la baja, de manera tal que ello se convierta en un factor decisivo para impulsar mejoras sustantivas no solo en la cobertura de la conectividad sino en la calidad de esta, así como en precios asequibles en beneficio de los usuarios mexicanos.

El IDET recomienda respetuosamente tanto a la SHCP como a las cámaras de Diputados y Senadores, no pasar por alto que un operador móvil decidió apenas el año pasado devolver todas sus frecuencias al estado mexicano por el elevado costo que ello le representaba en la operación del servicio. A nadie conviene que otros operadores opten por el mismo camino, pues ello no sólo terminaría generando un efecto adverso en la recaudación prevista por el Estado, sino que también debilitaría las redes móviles existentes en el país, en momentos en los que es fundamental mantenernos conectados.

Aprobar la propuesta de SHCP en materia de derechos por el uso del espectro radioeléctrico significa condenar a México a un mayor rezago en conectividad y desarrollo.

Redacción C21