La determinación judicial señala que: “las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”; con esto, los conductores de Uber deberían poder ejercer sus derechos al libre tránsito y al empleo utilizando la plataforma de Uber sin ser objeto de multas y confiscaciones de su medio de trabajo.
De lo contrario, la entidad federal podría ser sancionada por no respetar la suspensión definitiva, tal y como establece el artículo 262 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:
Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la persona servidora pública que con el carácter de autoridad responsable o vinculada al cumplimiento en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:
[...] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
Uber confía en que esta resolución y la suspensión definitiva otorgada en octubre de 2025, serán respetadas por la autoridad en vísperas de la Copa del Mundo, el evento deportivo más importante del planeta, y con el cual México recibirá más de cinco millones de visitantes adicionales.
Con esta resolución se reiteran dos hechos: 1) De manera clara el poder judicial señala que los conductores que utilizan la app de Uber no deben ser multados por la Guardia Nacional al dejar o recoger usuarios en los aeropuertos de México, y 2) Uber no es, como afirmó ayer el Grupo Aeroportuario Marina una plataforma “irregular”. Uber es una plataforma que lleva más de 13 años en México, que es elegida por miles de usuarios todos los días como su opción de movilidad, y que es utilizada por miles de conductores para generar ganancias y alcanzar sus metas. A nivel mundial, Uber está disponible en más de 700 aeropuertos y 15,000 ciudades.
Uber reafirma y mantiene su total disposición al diálogo con las autoridades federales para la modernización de la legislación vigente, que permita la integración de las plataformas al ecosistema de movilidad en los aeropuertos, impulsando la libre competencia y el derecho a elegir. Un marco normativo moderno garantiza una movilidad segura,transparente y eficiente en beneficio de los usuarios y del desarrollo y la competitividad de México como un destino turístico e inversiones de clase mundial.
Redacción C21