Frecuentemente cuando se discute sobre la competencia, se cae en el lugar común de la denominada competencia perfecta, estructura de mercado donde interactúan un gran número de empresas con un producto relativamente homogéneo, con información completa, un precio determinado por el mercado y libre entrada de cualquier competidor.

Un entorno competitivo es una condición necesaria más no suficiente para el desarrollo de prácticamente cualquier sector de la actividad económica nacional. Las empresas que integran la industria de las telecomunicaciones, operando en competencia en nuestro mercado, han logrado incrementar la oferta de sus servicios, reducir sus costos,  incrementar su cobertura, todo esto, manteniendo una tendencia creciente de sus ingresos.

Lo anterior contrasta con un marco regulatorio en proceso de actualización, pero que en años pasados se caracterizó por no evolucionar, generando así un marcado rezago respecto de los avances de la industria, del avance tecnológico, pero sobre todo, de las necesidades e intereses de la población que utilizamos esos servicios y de la que aun no gozamos de sus beneficios.

Cualquier país depende necesariamente de un conjunto de reglas eficientes que delimiten un adecuado funcionamiento del mercado, pero en países en desarrollo esta condición se vuelve fundamental, ya que de lo contrario se perjudica directamente a los consumidores finales. Toda regulación debe procurar el mayor beneficio para los ciudadanos a través de disposiciones  que, de ser necesario, impongan restricciones a las empresas en pro del bienestar social.

¿Y la Declaratoria de Dominancia?

Ni dudar que las recientes disposiciones en torno al poder sustancial de mercado de Telmex son una noticia importante para el sector. Es por ello que no debe dudarse que la concesionaria de la red troncal nacional de telecomunicaciones busque hacer uso del recurso de amparo una vez más. El punto entonces es saber cómo reaccionará la corte.

Y es que vale recordar que esta no es la primera vez que la CFC emite una resolución así, ya en 1997 emitió una resolución similar señalando que la empresa tenía poder sustancial en cinco mercados, que Telmex logró bloquear mediante un amparo que impidió cualquier acción regulatoria en su contra.

No deja de preocupar que más de dos décadas después de la privatización de la red nacional de telecomunicaciones, una sola empresa (Telmex, por supuesto) siga teniendo cuatro quintas partes del mercado, con sus consecuentes efectos en precios altos, mal servicio, y subinversiones, por mencionar sólo algunos.

Si a ello debemos llamarle poder monopolístico, poder substancial de mercado, dominancia o como se prefiera, lo que resulta inobjetable es que ese escenario de concentración es mucho más cercano al monopolio puro que a un mercado en competencia, efectiva cabe reiterar. Incluso vale decir que aun si Telmex no tuviera un solo usuario final (residencial o comercial) en el país, su capacidad para afectar el nivel de las tarifas, la cobertura y la calidad de servicio seguiría siendo el mismo.

El punto medular de la política de competencia consiste entonces en encontrar la fórmula para que esa misma política asegure la presencia de una competencia equilibrada, sin convertirse en un castigo para los ganadores o bien en una protección a los perdedores. Y este es un tema de naturaleza regulatoria, para determinar los términos de la operación del mercado que detonen al máximo los beneficios del progreso de las tecnologías de la información modernas, para toda la población.

¿De aquí a dónde vamos?

En la Corte seguirán los descalabros a la CFC en todas sus resoluciones de Dominancia. Y queda preguntarnos qué tan rápido y con qué certeza jurídica la Cofeco repondrá los errores jurídicos cometidos. Vale aplicar el principio de la industria de “time to market”, para convertirlo en “time to regulate”, ¿o no?
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