Los costos de este ilícito son muy altos. No sólo las empresas son afectadas por la piratería. Pérdida de empleos, costos al gobierno y pérdidas fiscales, riesgos a la salud y la vulneración de la seguridad cibernética, se suman a la lista de implicaciones.

“Cuando hablamos de piratería hablamos de delincuencia organizada... Los esfuerzos de AMCHAM para combatirla significa que son aliados de México. Que estamos alineados con los intereses más altos del país”, compartió Juan Lozano, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El estudio destaca la presencia de piratería en 19 mercados notorios en el país (comercio informal), así como presencia en mercados formales, y una proliferación creciente en las plataformas electrónicas.
Durante la presentación de su estudio “Piratería en México: Diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales”, AMERICAN CHAMBER/MEXICO compartió nuevos hallazgos sobre el fenómeno de la piratería en México, en una investigación conducida por el Observatorio Nacional Ciudadano, destacando la aceptación social a la piratería, la relación con el crimen organizado, la proliferación de la piratería en línea y los obstáculos institucionales que desincentivan a los titulares de derechos para agotar los procedimientos de combate.

“La propiedad intelectual es el activo intangible más importante de la economía del conocimiento, punto de partida para la innovación, la competitividad y la formalidad. Por ello, es parte de la agenda estratégica de la Cámara desde hace diez años”, comentó Ana López Mestre, Vicepresidenta y Directora General de AMCHAM.

La piratería se ha manifestado en todos los sectores económicos en México y ha evolucionado de la mano de la tecnología. El crecimiento de la oferta digital de contenidos ha sido acompañado por una expansión aún mayor de la piratería y su combate se vuelve más complejo, sobre todo si los marcos jurídicos no avanzan al mismo ritmo.

Además, el estudio muestra la existencia de 19 “mercados notorios”, que son las zonas en el país donde más se comercializa mercancía pirata de todos los tipos, siendo la Ciudad de México la entidad con la mayor cantidad de estos lugares, seguida por Jalisco, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Puebla.

Respecto a la respuesta institucional, Juan Lozano, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) destacó los esfuerzos del Instituto para disminuir la burocracia e impulsar las destrucciones de piratería, simplificar los trámites y lograr mayor sincronía entre todos los actores involucrados, lo cual también se ve reflejado en la nueva Ley de Propiedad Industrial que entrará en vigor el 05 de noviembre, y en la que la participación de AMCHAM fue crucial. “Cuando hablamos de piratería hablamos de delincuencia organizada... Los esfuerzos de AMCHAM para combatirla significan que son aliados de México. Que estamos alineados con los intereses más altos del país”.

De acuerdo con Víctor Ramírez, Presidente del Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de AMCHAM, “el estudio cobra más relevancia que nunca ante la reciente entrada en vigor del TMEC, que ha implicado una actualización del marco normativo mexicano e incluye derechos de propiedad intelectual inéditos y marcas no tradicionales como las sonoras, olfativas y gustativas. México tiene la responsabilidad de evolucionar para fortalecer su participación comercial privilegiada con Norteamérica”.

La piratería es un fenómeno complejo, que involucra a diversos actores como parte de la cadena comercial y ocasiona graves afectaciones para el país, su economía y sus consumidores. No solo representa pérdidas estimadas en más de 43 mil millones de pesos, sino que desalienta la creatividad, la producción científica, erosiona el Estado de Derecho y pone en riesgo la salud y la seguridad de quien la consume. Lograr que la piratería adquiera relevancia en la agenda pública y política, es el siguiente paso dentro de la respuesta institucional asociada a procedimientos legales.

Frente a los tratados internacionales de reciente entrada en vigor y las reformas a la legislación mexicana, que dan a México una base de andamiaje legal para combatir frontal y eficientemente la piratería, Roberto Castañeda, Vicepresidente del Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de AMCHAM, enfatizó la importancia del trabajo de la Administración pública, federal y local, para reordenar el comercio.

Para que las empresas puedan seguir operando e invirtiendo en México, es necesario generar un entorno económico saludable, para lo cual la piratería es un obstáculo enorme.

A través de una estrecha vinculación con las autoridades, AMCHAM ha contribuido para la destrucción de más de 13 millones de productos apócrifos y capacitado a más de 2 mil oficiales de aduanas en todo el país. Este año, este esfuerzo se extendió a Centroamérica, con una primera capacitación a 80 oficiales de aduanas en Honduras en febrero pasado.

A partir de los principales hallazgos del estudio, el Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de AMCHAM emite las siguientes recomendaciones para el fortalecimiento institucional:

1. Fortalecimiento, capacitación y profesionalización de los actores involucrados en la lucha en contra de la piratería, incluyendo la Fiscalía General de la República, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuerpos policiacos, personal Aduanero;

2. Coordinación entre las autoridades a cargo del combate a la piratería y las autoridades aduaneras, para dar de baja del Padrón de importadores a los reincidentes de importaciones de productos ilegales en Aduana.

3. Fortalecimiento de acciones en contra de la piratería digital, el streaming, y la venta de productos a través de plataformas comerciales.

4. Generación de campañas de difusión dirigidas a la sociedad, con la finalidad de informar los costos reales, peligros y riesgos que conlleva el consumo de piratería, tales como la utilización de plataformas ilegales.

5. Mejoras en la tramitación de procedimientos penales, suprimiendo la práctica de requerir dictámenes periciales de la Fiscalía General de la República, los cuales no son un requisito previsto dentro del procedimiento.

6. Trabajo conjunto entre sector privado y autoridades para facilitar y agilizar el proceso de destrucción de los productos asegurados ya sea por la vía administrativa o por la penal.

7. Inclusión de facultades expresas en la Ley para que la autoridad aduanera pueda asegurar cargamentos por presuntas violaciones a derechos de Propiedad Intelectual, previendo un plazo razonable no menor a 5 días hábiles para su determinación.

8. Desarrollo de una política de Estado para incentivar que el comercio informal se traslade a la formalidad y desincentivar el comercio de piratería.

9. En la coyuntura actual, prestar especial atención al combate a la piratería de medicamentos e insumos médicos, por los riesgos asociados en materia de salud.

Redacción C21