La firma que dirige Eduardo Pallares destacó que esta Ley, emitida el 5 de julio de 2010, continúa sin ser acatada por muchas empresas, la mayoría medianas y pequeñas que aún desconocen sobre la misma y sus implicaciones.

La compañía especializada en borrado y destrucción de datos destacó que las sanciones a las que se puede hacer acreedora una empresa pueden ir de nueve mil a los 41 millones de pesos.

Pallares describió que muchas empresas renuevan sus equipos de cómputo sin tomar las medidas necesarias para borrar de forma efectiva los datos en los equipos que desechan, por lo que pueden ser sustraídos y con ello competidores y delincuencia pueden tener información valiosa de las empresas y sus clientes.

Alertó que formatear el disco duro es un proceso que es utilizado por la mayoría de las compañías, pero no garantiza que los documentos desaparezcan, "sólo están debajo y son susceptibles de ser sustraídos".

Las empresas que si acatan la Ley son en su mayoría transnacionales que siguen las reglas de sus países de origen, resaltó al recordar que en diciembre del 2011 se emitió el Reglamento de la Ley Federal de Protección, por lo que se vuelve vinculatorio para las empresas mexicanas tomar medidas al respecto. Notimex