Al participar ayer en un taller para periodistas sobre el tema, coincidió en que los grandes proyectos pendientes en infraestructura como el arco sur metropolitano y la ampliación del tren suburbano en la Ciudad de México, así como el desarrollo del puerto de carga Punta Colonet, en Baja California, pueden encontrar en esta modalidad una aceptable vía de financiamiento.

Calificada por la oposición como la puerta de entrada a la privatización de servicios públicos, la ley que regula este tipo de asociaciones fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de enero, correspondiéndole a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la elaboración de la ley reglamentaria correspondiente, para lo cual tiene un plazo máximo de un año.

Al respecto Luis Enrique Estrada Rivero, director jurídico y fiduciario de INVEX Grupo Financiero, entidad promotora del taller, explicó que a pesar de la carencia de la ley reglamentaria, la asociaciones públicas privadas operan actualmente en el país amparadas en legislaciones secundarias a nivel de estados y municipios.

Y es que, según el directivo, este tipo de esquemas de financiamiento permiten a los gobiernos federal, estatal e incluso municipal evitar o diferir el gasto en infraestructura, sin renunciar a sus beneficios; además de que atenuan restricciones fiscales que limitan la inversión y es una forma de "eludir controles sobre el gasto y trasladar la inversión pública fuera del presupuesto y dejar a la deuda fuera de su balance".

Una APP permite la asociación de particulares con el sector público donde los primeros aportan la inversión para obra pública, generalmente aquella donde el cobro de tarifas a los usuarios resulte más fáctible o conveniente, como en el caso de caminos de peaje o alumnbrado público; o iniciativas de alta rentabilidad como plantas procesadoras de basura
o de reciclamiento de agua, a cambio de fijar pagos con fondos públicos a plazos de hasta 40 años.

Por su parte el director de la empresa Invex Infraestructura SA de CV, Jorge Zapata Alvarado, explicó que la ley que regula las APP presenta una serie de innovaciones que facilitan la participación del sector privado en infraestructura, como la posibilidad de proponer a los gobiernos proyectos específicos de inversión, "esto abre las puertas a esquemas para financiar incluso la construcción de reclusorios, por ejemplo", dijo.

Cabe señalar que es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el reportar en sus informes trimestrales la situación económica, el estado de las finanzas públicas y de deuda que se presentan al Congreso de la Unión donde se describen los proyectos financiados por APP, así como los montos de los pagos comprometidos.