El uso adecuado de la tecnología se está constituyendo cada vez más en un potente diferenciador competitivo en el ámbito privado, por lo que las empresas que resistan este cambio dejarán sus lugares en el mercado a aquellos que apuesten por la transformación. Si bien el sector público – o gobierno – suele ser más lento que las empresas en la adopción de nuevas tecnologías, lo cierto es que hoy en día evitar el cambio tecnológico no es una opción viable para las administraciones que quieran aumentar sus niveles de productividad, eficiencia y relevancia en la vida de los ciudadanos.

En un White Paper presentado por la compañía de investigación Frost &Sullivan solicitado por Avaya, se evalúan los retos que  las administraciones públicas alrededor del mundo enfrentan en su proceso para la Transformación Digital y cómo éstas pueden resultar fortalecidas durante dicho proceso. Las crecientes restricciones fiscales que enfrenta el sector público incrementan la necesidad de adoptar soluciones que aumenten la eficiencia tanto hacia dentro como hacia fuera del gobierno. Esta situación es más vigente aún en América Latina debido a la recesión económica que atraviesan varios de los principales países de la Región, generando mayor presión para producir resultados con menos recursos. 

Mientras tanto, cada vez más los ciudadanos esperan recibir mejores servicios públicos y tener un mayor y mejor nivel de interacción con los gobiernos a través de canales digitales, tales como: redes sociales, chat y colaboración Web. La razón es doble; por un lado las personas se ven cada vez más empoderadas en su relación con las empresas y, al mismo tiempo,  exigen constantemente que los productos y servicios sean adaptados a sus necesidades puntuales. En este marco el uso de la tecnología adecuada puede convertirse en la clave para superar los obstáculos que enfrentan las administraciones públicas en la actualidad.  Sin embargo, los gobiernos en América Latina enfrentan desafíos específicos a la hora de implementar nuevas tecnologías, tales como: la estabilidad de la red, la multiplicidad de soluciones de diferentes fabricantes, las amenazas relacionadas a la seguridad informática  y los requerimientos regulatorios. 

Ciudades Inteligentes 

Uno de los principales puntos de intersección entre el sector público y la tecnología son las Ciudades Inteligentes las cuales proponen resolver los mayores problemas que enfrentan los ciudadanos diariamente a través de soluciones automatizadas, generando un mayor nivel de interacción entre las personas y las instituciones para alcanzar una mejor calidad de vida. Es así como las herramientas de Ciudades Inteligentes tienen como beneficio inmediato un aumento de la eficiencia en diversos procesos y por ello los gobiernos tendrán que mirar hacia allí. Un ejemplo concreto es el caso de Brasil, en donde en 2016, el sector público invirtió un total de $ 980,2 millones de dólares en telecomunicaciones y IT.

“Frost & Sullivan define como Ciudades Inteligentes a aquellas que están construidas sobre soluciones y tecnologías que llevan inteligencia a cinco de estos ocho parámetros: gobierno y educación; energía; edificios; movilidad; infraestructura; tecnología; salud, y ciudadanos.” – Afirma Juan Gonzalez, Director de Investigación de Transformación Digital. 

En este marco, los gobiernos buscan obtener beneficios concretos a partir de la implementación de las Ciudades Inteligentes:

· Tener mayor visibilidad sobre todos los procesos de la ciudad para desarrollar servicios más eficientes, e identificación de las expectativas de los ciudadanos para con el gobierno.

· Obtener asistencia para mitigar imprevistos generados por turbulencias económicas, desastres naturales o epidemias.

· Crear una plataforma que impulse el crecimiento económico sostenible y la innovación para atraer inversiones externas y talento humano.

· Asegurar un entorno seguro y estable para los ciudadanos y las organizaciones.

· Crear una plataforma que promueva la inclusión y la mejora de la interacción ciudadana con los servicios de la ciudad y con el gobierno.

· Reducir el gasto público y proporcionar un modelo adecuado de funcionamiento y financiamiento de la ciudad. 

Por otra parte, de acuerdo a investigaciones recientes de Frost & Sullivan, a nivel global el mercado de soluciones para Ciudades Inteligentes alcanzará ingresos por$ 1.500 millones de dólares en 2020[i].

Los Avances en América Latina

El White Paper LINK también concluye que en América Latina el desarrollo de las Ciudades Inteligentes aún es emergente pero ya pueden observarse avances concretos en varias de las principales ciudades de la Región, tales como Río de Janeiro (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia) y la Ciudad de México. El caso de Santiago de Chile es un avance interesante, ahí se encuentra el primer prototipo de Ciudad Inteligente de ese país, concebido como un sistema que integra tecnologías de última generación para optimizar la producción de energía y su utilización inteligente, aprovechando fuentes renovables de energía, como la solar. A través de la implementación de redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) logran aumentar los criterios de eficiencia energética, calidad y continuidad de suministro.

Frost & Sullivan destaca que las principales oportunidades para los gobiernos en América Latina en el área de Ciudades Inteligentes están concentradas en los siguientes segmentos:

1.    Administración y Educación Inteligentes

2.    Movilidad Inteligente

3.    Seguridad Inteligente

4.    Infraestructura Inteligente

5.    Energía Inteligente

6.    Salud Inteligente

Cuando se hace referencia al ciudadano como consumidor, mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios se convierte en una meta fundamental en todo el sector público, y conocer a profundidad sus necesidades requiere fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. En este sentido, una nueva clase de ciudadanos está surgiendo, la cual quiere ser comprometida, proactiva que demanda mayor participación respecto a cómo se definen los servicios y las políticas de una ciudad.

Frost and Sullivan concluye:

1.    El sector de gobierno basa su gestión en mejorar la experiencia del ciudadano y aumentar su satisfacción. Esta experiencia está influenciada por las interacciones e intercambios que los ciudadanos tienen con la administración pública. Al mismo tiempo y en forma transversal las crecientes restricciones presupuestarias obligan a las administraciones a hacer más con menos, mejorando la eficiencia en cada uno de los procesos y servicios. Frente a estos desafíos el gobierno puede apoyarse en la Transformación Digital para superarlos, o bien, mantener sus herramientas actuales y ver sus esfuerzos truncados.

2.    La tecnología juega un rol primordial – y lo jugará cada vez más – para proveer interacciones más satisfactorias y robustecer los servicios públicos a través de soluciones inteligentes. La implementación de plataformas tecnológicas en la gestión pública puede: aumentar la productividad y satisfacción de los empleados; incrementar la eficiencia y efectividad de procesos; fortalecer el relacionamiento con el ciudadano; brindar soluciones inteligentes para problemas estructurales,  y, al mismo tiempo, generar el siempre anhelado por las administraciones ahorro de costos. Sin embargo, el uso de estas herramientas trae consigo sus propios desafíos, entre los que destaca el de la seguridad informática.

3.    Los gobiernos manejan una cantidad de información sensible de sus ciudadanos muy valiosa para delincuentes cibernéticos, por lo que son foco de una creciente cantidad de ciber-ataques en todo el mundo. Por esta razón, los gobiernos que quieran emprender el camino de la Transformación Digital deben buscar un socio estratégico con la suficiente experiencia probada en el mercado  que pueda brindarles una propuesta de valor integral que albergue plataformas de Ciudades Inteligentes, soluciones verticales, servicios de colaboración y productividad, movilidad y ciber-seguridad. Solo de esta forma las agencias de gobierno podrán mantener su relevancia hacia los ciudadanos, protegiendo sus inversiones y manteniéndose seguras.

Redacción C21