Es por ello que, a efecto de facilitar el rápido despliegue de redes, las empresas del sector de telecomunicaciones deben contar con un marco regulatorio que les permita realizar las obras civiles correspondientes para el despliegue de infraestructura en el menor tiempo posible y bajo reglas claras.

Sin embargo, existe de inicio una confusión de jurisdicciones, pues si bien el artículo 5° de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión indica que la obra civil para redes públicas de telecomunicaciones y radiodifusión es un tema de jurisdicción federal, la fracción V del artículo 115 constitucional indica que será de jurisdicción municipal todo aquello que tenga que ver con licencias de construcción y uso de suelo. En los hechos, el ámbito local define si una torre o un poste se puede instalar, así como los trámites que necesitará su construcción.

Desafortunadamente los desarrolladores de infraestructura para telecomunicaciones se encuentran cotidianamente con regulaciones y procedimientos administrativos diferentes por cada municipio y unas autoridades locales poco preparadas para administrar sus atribuciones.

El IFT publicó en 2016 un estudio sobre las regulaciones existentes en más de quince municipios en seis entidades del país para la instalación de infraestructura en telecomunicaciones[1]. Dicho estudio halló en el ámbito local 17 trámites necesarios para permitir la construcción de este tipo de infraestructura. Peor aún, los trámites varían de formato, tiempos de respuesta e incluso de oficina tramitadora por cada municipio. Además de ello, en casi todos los municipios investigados las autoridades locales parecen carecer de conocimientos básicos de su competencia en la materia.

Esta situación hace que las empresas desarrolladoras de infraestructura en telecomunicaciones pierdan tiempo en aclarar la reglamentación que deben cumplir para obras tan elementales como abrir una zanja o colocar un poste.

Además, la opacidad en las reglas y la discrecionalidad en su aplicación abre la puerta al uso de permisos y licencias como herramienta para propiciar actos de corrupción y en general, ralentizar las actividades de expansión de infraestructura en el país.

Con base en lo anterior, el IDET considera importante que el IFT continué analizando a profundidad las causas que inhiben un mayor crecimiento de infraestructura de telecomunicaciones en las distintas entidades federativas y municipios del país, al tiempo de iniciar también los procedimientos formales de investigación a que haya lugar para determinar y eliminar las posibles barreras a la competencia y la libre concurrencia en México. Asimismo, también resulta relevante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continúe implementando todo tipo de políticas públicas que coadyuven a generar un mayor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, como es el caso de la política implementada en materia de arrendamiento de inmuebles públicos de carácter federal y local por parte de los operadores.

La labor que realicen nuestras autoridades será extremadamente valiosa para eliminar las barreras que evitan que México tenga la infraestructura en telecomunicaciones y los servicios de conectividad, que sus ciudadanos merecen.

Redacción C21
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[1] “Estudio sobre las barreras a la competencia y a la neutralidad competitiva causadas por reglamentaciones y trámites de entidades públicas en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión”. Disponible en: http://despliegueinfra.ift.org.mx/docs/estudios/IFT-Barreras-Documento-Final.pdf