En el marco del seminario "Las subastas del espectro radioeléctrico en un contexto de convergencia", dijo que el Estado pierde recursos económicos significativos cuando decide limitar la cantidad de megahertz por las que puede participar un operador en una subasta.
Agregó que el pago anual que tendría que hacer una empresa por 10 megahertz sería de 288 millones de pesos y por 30 alrededor de 864 millones de pesos anuales, cifra que se pierde sólo por el pago de derechos por el uso de espectro.
Arreola refirió que desde que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) publicó el programa que incluye la licitación de cinco frecuencias ya han pasado más de 10 meses lo cual no sólo perjudica a la industria sino al mismo Estado.
La falta de espectro radioeléctrico provoca que los operadores de servicios de telecomunicaciones se vean obligados a invertir en antenas y radiobases cuando podrían destinar más recursos a la introducción de tecnología avanzada para aumentar el nivel de penetración.
En ese sentido, destacó la importancia de que los modelos de títulos de concesión para la próxima subasta de frecuencias establezcan la posibilidad de prestar cualquier servicio técnicamente factible en un entorno de convergencia tecnológica.
A su vez, el vicepresidente corporativo de Nextel, Gustavo Cantú, coincidió en que tanto la Cofetel como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deben considerar la importancia en términos económicos y sociales de subastar las frecuencias de forma
simultánea.
"La especulación de la que se ha hablado sólo se puede evitar si las autoridades logran crear reglas claras, no es justo que los entes gubernamentales no se pongan de acuerdo ya que deben actuar de forma coordinada para crear esas bases de licitaciones".
En tanto, el director jurídico de Telcel, Alejandro Cantú, dijo que no hay una razón por la cual el gobierno federal tenga que poner topes en la cantidad de espectro a licitar, pues eso provoca que aquellos espacios que queden reservados no se utilicen y luego sean motivo de amparos y pleitos legales.