De acuerdo con información del órgano antimonopolios, las empresas entregaron un solo documento en el cual dan por aceptados los condicionamientos que impuso la autoridad para evitar riesgo de colusión.

El pasado 6 de junio, el pleno de la CFC aprobó la concentración entre Iusacell y Televisa sujeta al cumplimiento de condicionamientos “que evitan de manera efectiva el riesgo de colusión y promueven una mayor competencia en los mercados de televisión abierta y restringida”.

En su resolución, la Comisión estableció que si al término de 24 meses no se ha realizado de manera exitosa la licitación de una 'tercera cadena' de televisión abierta, se detonará automáticamente un mecanismo de disolución de la sociedad entre los grupos Televisa y Salinas en Iusacell.

Esta condición, explica, contrarresta el incentivo a entorpecer abiertamente la licitación por medio de litigios, en tanto que si la CFC acredita que cualquiera de los dos grupos intenta lo anterior de manera encubierta, la empresa correspondiente estará obligada a enajenar a un tercero un canal nacional de televisión abierta.

Entre los lineamientos que ambas empresas deben cumplir se encuentra la no discriminación en venta de publicidad, administración de Iusacell desligada de los negocios de televisión abierta y restringida de los grupos Televisa y Salinas, así como la venta por separado de contenidos de televisión abierta y restringida, entre otros.

Grupo Televisa informó este lunes al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde cotiza, que acepta las condiciones que la CFC estableció para permitirle convertir las obligaciones emitidas por GSF Telecom Holdings (GSF), la compañía controladora de Grupo Iusacell, en acciones ordinarias.

La televisora propiedad de Emilio Azcárraga dijo que “como tal, a partir de esta fecha Televisa participa con 50 por ciento del capital social de GSF”.

El pasado 14 de junio, en declaraciones a Notimex, el vocero de Iusacell, Luis Niño de Rivera, calificó las condiciones como “onerosas, restrictivas, excesivas y muy duras”.

Las empresas notificaron en tiempo y forma al órgano antimonopolios, que estableció cinco días hábiles como plazo máximo para ser notificada de la decisión y que vencía este miércoles 20 de junio. Notimex