Representantes de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (Amiti) expresaron su rechazo a este acuerdo debido a los riesgos que detectan.

En entrevista, el director nacional de la Canieti, Rogelio Garza, dijo que la industria desconoce los términos y condiciones del acuerdo comercial firmado por México, por lo que en primera instancia piden saber con exactitud las implicaciones. 

“Estamos preparando un escrito para cuando entre la nueva Legislatura, aunque con la actual ya estamos estableciendo reuniones, veo factible que nos unamos Canieti, Amipci y Canieti para formar un bloque para defender el tema en conjunto”, resaltó.

Por su parte, el director general de la Amiti, Javier Allard, dijo que desde que iniciaron las negociaciones de ACTA, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) se negó a informar los puntos del acuerdo.

El vicepresidente jurídico de la Amipci, Jonathan Garzón lamentó que en el proceso de análisis sobre la firma de ACTA no hubiera claridad, ya que el Ejecutivo incumplió con su obligación de informar al Senado sobre el inicio de las negociaciones.

Dijo que ante la nueva integración del Senado, la Amipci pedirá que este tema sea prioritario en la agenda de la próxima Legislatura a partir de la recomendación de que México sólo se reserve su adhesión al artículo 27 del acuerdo, o que se niegue la ratificación a la totalidad del documento.

Asimismo, dijo, “buscaremos realizar esfuerzos con otras asociaciones, unir visiones a favor de un equilibrio entre la protección a la propiedad intelectual y los derechos de los ciudadanos mexicanos e incluso estamos abiertos a acercarnos a la comunidad autoral y conocer sus necesidades para trabajar en un bien común”.

ACTA es una propuesta internacional multilateral que busca establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual ante el crecimiento del comercio de bienes “piratas” y falsificados.

Entre los objetivos de este proyecto, que empezó a negociarse en 2007, se encuentran el de incrementar la cooperación internacional en la materia y proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y la falsificación en los países parte del acuerdo.

Si bien, el documento toca diversos ámbitos comerciales afectados por la producción apócrifa, la industria TIC ve severos riesgos en el artículo 27 dedicado a la “Observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital”.

En este apartado, se faculta a los proveedores del servicio de Internet a monitorear a los usuarios sin su conocimiento y en el caso de suponer una posible violación a los derechos de propiedad intelectual podrían tomar acciones legales en su contra sin que exista la garantía a un debido proceso judicial.

En octubre de 2010, se conformó en el Senado de la República el Grupo Plural de Trabajo, el cual presentó un año después un exhorto al Ejecutivo a no firmar la adhesión a este documento e incluso que México se retirara de las negociaciones. Por Guadalupe Michaca/Notimex