“Telmex no se opone a ultranza, tenemos dudas razonables y documentos probatorios sobre ellas, lo que queremos es que haya un debate sobre este instrumento que es de interés público y fundamental para el mercado”, dijeron fuentes de la telefónica.

En opinión de la empresa, este documento elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y cuya consulta pública ante Cofemer finaliza el próximo 3 de agosto, presenta inconsistencias y omisiones que no se pueden pasar por alto y que se deben aclarar en el marco de un debate constructivo.

“Telmex respetará el proceso de consulta hasta que se llegue al Diario Oficial de la Federación, lo que queremos es que se aproveche la consulta pública para tener un debate constructivo, transparente y con todos los actores que pueden ser beneficiados o afectados con esta medida regulatoria”, señalaron los fuentes consultadas.

Dijeron que en tanto no se aclaren las dudas que genera el anteproyecto de CMI, el sector telecomunicaciones no saldrá del campo de las descalificaciones sin sustento y se aleja de la posibilidad de tener una herramienta regulatoria moderna y eficaz.

“Telmex está en el ánimo de que se reconstruya el proceso de debate, porque lo único que se ha tenido en el pasado son descalificaciones a ultranza”, por lo cual la expectativa es que el conjunto de sugerencias y solicitudes de aclaración presentadas a la autoridad vía Cofemer sean atendidas.

Para la empresa, el anteproyecto presentado por la Cofetel va más allá de lo establecido en el Acuerdo de Convergencia de 2006, al incluir la interconexión de larga distancia y otros servicios como el de operadoras y facturación, que nada tienen que ver con la materia ni con el propio Acuerdo de Convergencia.

Asimismo, considera que no se realizó un análisis de costo-beneficio de la regulación propuesta, pues no se presentan fuentes de información, metodología ni antecedentes para sustentar dicho análisis.

“Consideramos que eventualmente puede haber un problema de confusión de competencias en dicho documento, pues prácticamente se elimina el artículo 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones en lo relativo al principio de libertad contractual de las partes”, opinaron las fuentes.

Un problema similar, añadieron, se puede generar en lo que se refiere al tratamiento de los temas de competencia, ya que la regulación que se propone no se centra en temas de cobertura social o de eficiente desarrollo de las telecomunicaciones.

Además, la empresa de Carlos Slim ve necesario analizar el papel de la Cofetel, instancia facultada para expedir disposiciones administrativas, promover la eficiente interconexión de los equipos y determinar las condiciones de interconexión que no hayan podido convenirse.

En su opinión, en la propuesta de convenio el organismo no parece ubicarse en ninguno de estos escenarios. Por Guadalupe Michaca/Notimex