En la última sesión de esta soberanía, que el martes 28 de agosto concluirá a las 12:00 horas los trabajos de la Comisión Permanente, se aprobó este punto de acuerdo que presentaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).

En el punto de acuerdo se menciona que el 8 de agosto el titular de la SCT dio a conocer la decisión del gobierno federal de rescatar las concesiones de Multivisión (MVS) correspondientes a la banda 2.5 Gigahertz.

La SCT sustentó su determinación en la falta de acuerdo sobre el monto de la contraprestación que debería pagarse para prorrogar los títulos asignados a MVS, así como la necesidad de hacer un uso más eficiente de la banda ancha, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios.

Al presentar la propuesta de urgente resolución, el diputado José Luis Jaime Correa, del PRD, dijo que los desencuentros entre el dueño de la concesionaria MVS y funcionarios del gobierno generaron dudas sobre una probable afectación al derecho a la información y a la libertad de expresión, necesarios en los medios de comunicación.

En su oportunidad, el diputado Jaime Cárdenas, del PT, opinó que el titular de la SCT no sólo debe explicar los motivos económicos del rescate, sino el “posible chantaje o presión” a la empresa.

El legislador petista consideró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe investigar de oficio, a fin de determinar si hubo o no violación a la libertad de expresión.

El pleno de la Comisión Permanente también aprobó otro punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que apremie la publicación del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas para otorgar certeza jurídica al flujo de capitales y aprovechar las inversiones planeadas para México.

En el dictamen aprobado se reconoce que el Ejecutivo está en tiempo para la emisión del reglamento, pero “sería conveniente” que su expedición no se lleve al plazo máximo, pues se estiman inversiones por 300 mil millones de pesos “para ejercerse en este mismo año”.

Además se plantea que la ley sienta las bases para regular y conjuntar el esfuerzo entre instituciones gubernamentales y particulares en la prestación de servicios de interés general, bajo principios de transparencia, seguridad y certeza jurídica.

En el punto de acuerdo se describe que para ello se requiere un reglamento que permita una normatividad específica en aspectos de estructura organizacional y administrativa, pero “el Ejecutivo federal no ha ejercido” esta facultad.

Cabe señalar que el 16 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Asociaciones Público Privadas, que en su Artículo Tercero transitorio dispone un plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigor. Notimex