“La empresa solicitó un plazo adicional para la presentación de pruebas, mismo que está siendo acordado por esta secretaría y se le notificará si procede o no la prórroga, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo marca un plazo máximo de hasta la mitad del plazo originalmente otorgado, que sería de hasta cinco días”.

En entrevista, el funcionario expuso que en caso de que se otorgue la prórroga solicitada por la empresa, ésta correría a partir del día siguiente que se notifique la resolución.

“No queremos cometer errores, queremos vigilar muy bien todo pero sí, pudiéramos estar notificando mañana la procedencia de la prórroga” para agilizar el procedimiento, anotó.

Olavarría enfatizó que si bien la empresa presentó una serie de documentos en su defensa, no es posible detallar el tipo de información que contienen con el fin de dar completo respeto a las garantías jurídicas y de audiencia de MVS Comunicaciones.

“Este procedimiento de inicio de rescate se va a sustanciar como un juicio, queremos ser muy cuidadosos de que la información que demos a los medios de comunicación no vaya a vulnerar de alguna manera algún derecho de la empresa o que la empresa sienta que estamos vulnerando alguno de sus derechos”, aclaró.

En opinión de Olavarría el tono que alcanzó el diferendo entre la empresa propiedad de Joaquín Vargas y el gobierno federal, de ninguna manera podrá empañar el procedimiento de rescate de la banda 2.5 Ghz que se inició el pasado 8 de agosto.

Enfatizó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se mantendrá con la “cabeza fría” en la valoración de pruebas y alegatos que manifieste MVS Comunicaciones para alcanzar una decisión completamente objetiva.

“Espero que los dimes y diretes mediáticos ya no continúen, nosotros nos tenemos que mantener ajenos y como caballo de carreras viendo hacia enfrente sin tomar en cuenta ese tipo de manifestaciones porque por un lado vulneraríamos la garantía de audiencia y su seguridad jurídica y por otro nuestro propio procedimiento”, señaló el funcionario de la SCT.

Dijo que el conflicto entre la empresa y el gobierno federal no se debe interpretar como una señal de incertidumbre para las inversiones en el sector, ya que se trata de un procedimiento que está establecido en ley.

Asimismo, añadió, el reordenamiento de la banda 2.5 Ghz no es una política exclusiva de México ya que en diversos países se realizan cambios de este tipo para garantizar el máximo aprovechamiento de esta parte del espectro.

Por ello, el conflicto con MVS no puede significar en ningún sentido una afectación a las inversiones toda vez que el mercado está consciente del cambio que ha sufrido la banda 2.5 Ghz en términos tecnológicos y que hace necesario un ajuste, anotó. Por Guadalupe Michaca/Notimex