En un comunicado el organismo señaló que "para acelerar el desarrollo económico y social de México es indispensable tener como meta una red de telecomunicaciones de clase mundial, con un sólido despliegue de infraestructura y un fuerte desarrollo de aplicaciones y contenidos, a la cual todos los mexicanos tengan acceso".

Por eso, sostuvo que los preceptos y objetivos consensuados en el empresariado están claramente alineados con los objetivos básicos que se persiguen en las iniciativas presentadas este lunes.

La iniciativa presentada por las fuerzas políticas en el Pacto por México, se basa en cinco ejes: el derecho al acceso a las tecnologías de la información, que pretende garantizar constitucionalmente el acceso universal de los mexicanos a la banda ancha, en coincidencia con lo expuesto en la Agenda por México del sector empresarial.

Dijo que para este importante paso es necesario precisar las medidas para lograr ese objetivo, y que no quede como un buen deseo más sin cumplimiento.

Para el CCE, dijo, si se concreta la reforma en cinco años podríamos incrementar la penetración de servicios de banda ancha hasta alcanzar un mínimo de 30 suscriptores por cada 100 habitantes, con 60 por ciento de penetración sobre personas en servicios de banda ancha móvil y 70 por ciento de la población como usuarios de internet.

Asimismo, conlleva a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general y señaló estar de acuerdo en la rectoría del Estado para garantizar el acceso de todos los mexicanos a servicios de información y comunicaciones en condiciones de calidad y pluralidad, costo y competencia.

No obstante, mencionó, es importante precisar los alcances en materia de regulación de contenidos para evitar caer en excesos que puedan poner límites a la libertad de expresión.

Por ello, se pronunció por evitar movimientos pendulares; de una laxitud en el papel de regulación a esquemas de control y regulación excesivos.

En cuanto a los órganos reguladores autónomos coincidió en otorgar autonomía constitucional a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) y al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que sustituye a Cofetel.

Ello, en virtud de que los órganos de gobierno de ambos organismos se integrarán por siete comisionados, incluyendo a su presidente, con una gestión que durará nueve años y sin posibilidad de reelección.

Asimismo, los comisionados se designarán en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal y serán ratificados por el Senado, previa evaluación que realice un Comité integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el INEGI.

Por ello, destacó, es fundamental que este método de designación no se partidice y que no se preste a un reparto de cuotas como ha sucedido en el IFE.

También se especifican, comentó, las facultades de ambos organismos, destacando en el caso de la CFC la capacidad de realizar desincorporaciones de activos, y en el caso de IFT las atribuciones relativas a otorgamiento y revocación de concesiones; hasta ahora en manos del Poder Ejecutivo.

Debemos analizar a detalle la propuesta, en particular en lo concerniente a la competencia económica, dado que en este caso tiene que ver con todos los sectores productivos.

De ahí que propuso cambios normativos en el CCE, para tener un regulador autónomo que maneje con consistencia todas las etapas de los procesos regulatorios y que opere con procedimientos específicos claros, transparentes y sujetos a plazos definidos.

Asimismo, dijo que se prevé la obligación del Consejo de la Judicatura Federal para establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Desde la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica de 2011 se aprobó la creación de tribunales especializados en materia económica, que entre otros, atiendan los temas relacionados con telecomunicaciones. Estos tribunales deberían estar operando desde hace más de un año.

La creación de estos tribunales es fundamental para dar certidumbre jurídica a los procesos y a las partes en conflicto. De acuerdo con la iniciativa, las normas generales de los nuevos organismos reguladores podrán ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

Al respecto, los legisladores deberán cuidar que este ordenamiento no vulnere las garantías constitucionales de personas y empresas.

En lo que se refiere a concesiones dijo que destacan las facultades que se otorgan a los órganos reguladores, pues entre otras cosas se dispone evitar concentraciones, asegurar precios competitivos de los servicios, esquemas más severos de sanciones, homologación de régimen de permisos y concesiones, etcétera.

En esta materia es necesario garantizar la certeza jurídica para todos los concesionarios, dijo.

Destacó que las iniciativas presentadas hoy se concentran en los aspectos constitucionales que sirven de marco a la política pública en esta materia.

Una vez superado este paso en el Congreso, será necesario entrar de lleno a la reforma de las leyes secundarias que, entre otras cosas, deberán incluir aspectos relacionados con infraestructura, agenda digital, acceso a banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador, alfabetización digital, así como competencia en los distintos campos. Notimex